Explota la economía digital: ¿dónde están los legisladores?

Cómo regular la economía digital constituye una temática de alta complejidad, especialmente cuando los nuevos productos y modelos de negocios impactan con fuerza la competitividad de las empresas. Sin control alguno nacen batallas campales entre bandos distintos, sean Uber versus taxis o Airbnb versus hoteles. Las consecuencias finales afectan a los gobiernos, quienes se enfrentan al conflicto de la cobranza de posibles tributos, toda una polémica aún sin resolver en plenitud.

El ritmo exponencial del avance tecnológico no tiene límites y los aspectos legales de estos avances requieren normativas. El número global de usuarios de internet supera el 50% de la población, es decir, 4 mil millones al 2018. El mundo cuenta con cerca de mil millones de sitios web y existen más de 2.900 millones de búsquedas en Google por día. En Chile hay 14,8 millones de usuarios de internet, con un promedio de 1,4 dispositivos móviles por persona, y al año 2019 el país presentará un déficit de capital humano en TIC, Tecnologías de Comunicación, del 31%.

Entonces surge una y otra vez la misma pregunta: cómo construir las reglas del juego de esta dinámica economía digital. Una investigación del BID de Pedro Farías y Ana María Zárate plantea este desafío, pero específicamente sobre las instituciones públicas, pensando que desde hace 10 años hay más objetos conectados a internet que personas. El creciente acceso a la red ha venido acompañado de una explosión de tecnologías que generan y utilizan datos, y que están cambiando los mercados y la manera en cómo las personas se relacionan.

En una encuesta realizada a compañías de Fortune 1000 se demuestra que el 97% de las empresas están invirtiendo en proyectos de analítica de datos e inteligencia artificial y el 73% reportan que dichos proyectos ya están agregando valor. En concreto, las regulaciones gubernamentales deben coordinar las reglas de este juego de la revolución digital.

De acuerdo a lo planteado por los autores, “muchas de las discusiones alrededor de la tecnología giran en torno a las normas. Legisladores de todo el mundo están discutiendo la mejor manera de regular las redes sociales, la privacidad de nuestros datos o la seguridad de los vehículos no tripulados, entre otros. En medio de esta revolución tecnológica, la regulación inteligente se ha convertido en una herramienta fundamental para mitigar riesgos y promover que los beneficios del cambio tecnológico lleguen a toda la sociedad y sean superiores a sus costos”.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan un doble desafío. Por un lado, tienen que construir capacidades básicas para asegurar la calidad de sus regulaciones en áreas tradicionales de la economía y servicios digitales. Al mismo tiempo, deben capacitarse para enfrentar los nuevos riesgos y modelos de negocios que están surgiendo, manteniendo un equilibrio entre la protección de los ciudadanos y la necesidad de estimular la innovación.

Colaboración para crear diálogo

Algunos principios que se aplicaron con éxito en el mundo analógico siguen vigentes en el nuevo entorno digital. El BID ha estado trabajando con expertos internacionales de la región para comprender mejor y generar capacidades que regulen esta nueva economía. Aunque la experiencia todavía muestra pocos consensos, ya existen algunas lecciones aprendidas como asegurar una buena gobernanza, identificar soluciones basadas en evidencia empírica, tener en cuenta costos y beneficios y revisar periódicamente las normas.

Por otra parte, la colaboración entre reguladores y regulados es esencial. En los mercados que evolucionan rápidamente, es esencial crear espacios de diálogo con los actores involucrados, garantizando transparencia sobre las decisiones públicas. De acuerdo a los autores, la generación de confianza permite acceder a información actualizada y monitorear prácticas de éxito implementadas en otros países. El regulador debe mantener una actitud que promueva la innovación, como por ejemplo en el ámbito financiero, que ofrece plataformas de apoyo para startups, y debe crear espacios de prueba y experimentación.

La idea es no perder de vista los efectos de la tecnología sobre los trabajadores, consumidores o ciudadanos preocupados, que están mucho mejor informados. Esto abre la posibilidad de superar el tradicional dilema entre “regular más” o “regular menos” a través del empoderamiento de los usuarios. En algunos países todavía están en proceso de desarrollo, como por ejemplo Egipto, que incrementó su número de usuarios en un 41%, luego Kenia en un 31% y en tercer lugar Arabia Saudita con un 34%.

La explosión del avance tecnológico no tiene precedentes en la historia, incluyendo los índices financieros. El 63% de las personas tiene una cuenta en un banco, el 28% tiene una tarjeta de crédito y el 15% realiza compras o vende online. Asimismo, al 2018 cada minuto hay 2.700 millones de personas con acceso a internet que envían más de 200 millones de correos electrónicos, suben 48 horas de video a youtube y 6 mil fotografías a Instagram.

Los seres humanos del mundo entero siguen seducidos con la idea de que podría haber algo esperándolos cada vez que acceden online. Esta tendencia puede inducir, entre muchas otras, a que las personas no están en el presente con otros individuos y, quizás, permiten que la tecnología los “deshumanice” en alguna parte de su ser. Pero el gran foco actual es la creación de reglas del juego coherentes donde las organizaciones logren integrar las tecnologías como parte de los procesos del siglo 21. Todos esperan las respuestas rápidas de los legisladores.